Las partes vinculadas son personas físicas o jurídicas que tienen entre sí una relación de control, dependencia económica o participación que las diferencia de partes independientes que negocian en condiciones de mercado. En el ámbito tributario, la relevancia de esta clasificación es concreta: cuando dos partes vinculadas realizan una transacción —venta de bienes, prestación de servicios, préstamo de dinero, uso de intangibles— la Dirección General de Tributación (DGT) puede cuestionar si el precio pactado refleja condiciones reales de mercado o si fue fijado para trasladar utilidades y reducir la carga tributaria en Costa Rica.
La base legal está en el artículo 81 bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley 7092), incorporado por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N.° 9635 en 2018, que establece: los contribuyentes que realicen operaciones con partes vinculadas, residentes en Costa Rica o en el exterior, deben determinar sus ingresos, costos y deducciones conforme al principio de plena competencia. Los criterios específicos de vinculación se desarrollan en el artículo 68 del Decreto Ejecutivo N.° 41818-H (Reglamento de la Ley del ISR), vigente desde el 1.° de julio de 2019.
Determinar que existe vinculación activa dos conjuntos de obligaciones independientes que el contador debe gestionar por separado:
| Obligación | Umbral de operaciones con partes relacionadas |
|---|---|
| REPORTE PAÍS POR PAÍS | Tenga ingresos brutos a nivel global y acumulados iguales o superiores a 750 millones de euros (450,000,000,000 CRC) máximo |
| DECLARACIÓN INFORMATIVA | Contribuyentes clasificados como grandes contribuyentes nacionales, que realicen operaciones nacionales o transfronterizas con empresas vinculadas |
| Contribuyentes que se encuentren bajo el régimen de Zona Franca, que realicen operaciones nacionales o transfronterizas con empresas vinculadas. | |
| Contribuyentes que realicen operaciones nacionales o transfronterizas con empresas vinculadas, y que, en forma separada o conjunta, superen el monto equivalente a 1,000 (mil) salarios base en el año correspondiente (462.200.000 colones). | |
| REPORTE LOCAL | Cuando la DGT lo solicite |
| INFORME MAESTRO | Cuando la DGT lo solicite |
El hecho de que las transacciones con vinculadas no superen el umbral de 1.000 salarios base no elimina la obligación de tener el Estudio de PT. La DGT puede requerir esa documentación en cualquier fiscalización, independientemente del monto. El estudio es la defensa técnica del contribuyente frente a un posible ajuste de base imponible.
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